La Unidad Técnica de Servicios de Informática del INE envió lineamientos a los OPLES, generando cuestionamientos sobre su fundamento legal y alcance.
El Instituto Nacional Electoral (INE) busca intervenir directamente en la selección y autorización de proveedores tecnológicos y de ciberseguridad que contratarán los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) para las elecciones de 2027. La Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI) del INE envió documentos a los OPLES sobre la autorización de proveedores, lo que ha generado cuestionamientos de asesores electorales y representantes de partidos políticos.
La controversia surgió durante una reunión privada de las comisiones unidas de Organización y Capacitación del INE, realizada el 23 de octubre de 2026 en Ciudad de México. En ese encuentro, asesores y representantes partidistas solicitaron información sobre el fundamento legal, alcance, respuestas recibidas, responsabilidades administrativas y consecuencias técnicas de la medida.
Facultades y atribuciones en disputa
La UTSI, coordinada por José Alberto Pérez de Acha desde principios de 2025, pretende evaluar, autorizar o rechazar proveedores, establecer condiciones para contratación, revocar autorizaciones y ordenar sustituciones. Una asesora del consejero Uuc-Kib Espadas cuestionó que estas facultades se ejerzan sin aprobación del Consejo General del INE. No hay evidencia pública de que el Consejo General haya aprobado facultades para que la UTSI controle contrataciones de los OPLES.
El artículo 338 del Reglamento de Elecciones establece que INE y OPLES pueden apoyarse en terceros para el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), mientras que el artículo 66 del Reglamento Interior del INE contempla atribuciones de la UTSI relacionadas con políticas y disposiciones técnicas informáticas. Sin embargo, no se precisó qué disposición reglamentaria permite convertir requisitos técnicos en autorizaciones obligatorias de proveedores ni se aclaró cómo se distribuirían responsabilidades si un proveedor autorizado incumple un contrato.
Costos estimados y antecedentes
La UTSI presentó estimaciones de costos para sistemas tecnológicos electorales para 2027, incluyendo 10 millones 197 mil pesos por estado para el PREP y 8 millones 643 mil pesos para un sistema de capacitación electoral. El PREP es un sistema para consultar resultados preliminares de elecciones durante la noche electoral.
Funcionarios de la UTSI confirmaron que los documentos fueron enviados a los OPLES y que un procedimiento similar se aplicó en 2018. Durante las elecciones judiciales locales de 2025 se sugirió a los OPLES contratar determinadas empresas, algunas presuntamente recomendadas por José Alfredo Hernández Casillas, proveedor de materiales electorales del INE. José Alberto Pérez de Acha ha asistido a reuniones sociales organizadas por Hernández Casillas, aunque no hay evidencia que demuestre irregularidades o que Pérez de Acha haya beneficiado a alguna empresa.
Reacciones y solicitudes de información
En la reunión del 23 de octubre, asesores y representantes partidistas solicitaron mayor claridad sobre el fundamento legal y el alcance de la medida. Una asesora señaló: “Todo eso viene en el documento que se envió a los OPL (Organismos Públicos Locales). Son actos sobre la contratación misma, y esa contratación es competencia exclusiva de los OPLES conforme a su propia normativa”. También se mencionó: “Que es lo que se hizo en su momento, trasladar esas fases mínimas como una situación de obligatoriedad a estos”.
José Alberto Pérez de Acha se comprometió a revisar y ampliar la información presentada, mientras persisten las dudas sobre la transparencia y la normativa electoral en torno a la supervisión de las contrataciones tecnológicas para las elecciones de 2027.