El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) presentó al Congreso del Estado el Informe de Resultados correspondiente a la revisión de la Cuenta Pública estatal y municipal del ejercicio fiscal 2025 en Hermosillo. La Comisión de Fiscalización, liderada por el diputado Sebastián Antonio Orduño Fragoza, recibió la documentación oficial que detalla el análisis del gasto público en Sonora.
Alcance y cobertura de la fiscalización
El informe abarca un universo fiscalizado de 120 mil 323 millones de pesos. De este monto, 100 mil 54 millones corresponden al gasto estatal, con una cobertura del 80% del total revisado. En cuanto a los municipios, se fiscalizaron 20 mil 268 millones de pesos, también con un alcance del 80%, distribuidos entre los 72 ayuntamientos del estado.
Para lograr esta revisión, el ISAF elaboró 327 informes individuales derivados de 166 auditorías integrales aplicadas a 112 entes estatales. En el ámbito municipal, se realizaron 161 auditorías integrales a 121 entes, que incluyen 72 ayuntamientos y 49 entidades paramunicipales.
Revisión de proyectos y obras públicas
Dentro del análisis, se examinaron proyectos de inversión pública en nueve entes estatales por un monto de 2 mil 473 millones de pesos. Asimismo, se revisaron obras ejecutadas por los 72 municipios por un total de 2 mil 128 millones de pesos, con el objetivo de evaluar la correcta aplicación de los recursos.
Auditorías de desempeño y acciones derivadas
El ISAF aplicó auditorías de desempeño para medir la eficiencia, eficacia y economía en el uso de los recursos públicos, además de documentar avances en el Sistema de Control Interno y el Modelo de Gestión para Resultados. Como resultado de la fiscalización, se determinaron 3 mil 93 acciones, entre las que destacan 893 solicitudes de aclaración y 229 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.
Se emitieron 619 pliegos de observaciones a entes estatales, de los cuales 461 están pendientes de solventar. En el ámbito municipal, se registraron 1,352 pliegos de observaciones, con 1,075 aún sin atender. Además, se formularon 1,613 recomendaciones, 323 para el sector estatal y 1,290 para el municipal.
Los entes auditados disponen de un plazo de 30 días hábiles desde la notificación para presentar la información y documentación que atienda las observaciones planteadas.
El diputado Sebastián Antonio Orduño Fragoza destacó que “el verdadero valor de la fiscalización superior está en prevenir, corregir y contribuir a que las instituciones públicas funcionen mejor”.