Nuevas reglas para la cotización voluntaria ya aplican y limitan el salario base; trabajadores previos mantienen condiciones.
Morena en la Cámara de Diputados analiza convertir en ley las nuevas restricciones a la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mientras el PAN exige revertirlas. Las condiciones administrativas publicadas por el IMSS ya están vigentes y afectan a quienes buscan incorporarse a esta modalidad de cotización voluntaria.
Las nuevas disposiciones, contenidas en el acuerdo ACDO.AS2.HCT.101026/302.P.DG publicado el 21 de octubre de 2026, establecen límites salariales para las nuevas incorporaciones, que deberán sujetarse al último salario base registrado con un incremento máximo de una Unidad de Medida y Actualización (UMA). Además, las solicitudes tendrán efectos desde su presentación, sin permitir incorporaciones retroactivas.
Debate legislativo y posturas políticas
El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, confirmó que la revisión de estas restricciones inició el 21 de octubre de 2026. Morena estudia presentar una iniciativa para incorporar las nuevas disposiciones al marco legal, aunque no existe fecha confirmada para la presentación o aprobación de una reforma legislativa sobre estas medidas.
Por su parte, el PAN, a través de Héctor Saúl Téllez, pidió que las restricciones sean derogadas y anunció asesoría jurídica para los afectados.
Detalles de las nuevas restricciones y su aplicación
A partir del 22 de octubre de 2026, las nuevas incorporaciones a la Modalidad 40 del IMSS deben cumplir con los límites salariales establecidos. El IMSS deberá adecuar sus sistemas para realizar los nuevos registros mediante mecanismos digitales. Los trabajadores inscritos antes del 22 de octubre de 2026 conservarán las condiciones del periodo contratado, y las semanas y salarios efectivamente pagados seguirán siendo reconocidos para calcular derechos pensionarios.
Argumentos y cifras sobre el cambio
Claudia Sheinbaum defendió las restricciones y atribuyó los cambios a fraudes relacionados con pensiones elevadas. Sheinbaum mencionó un impacto económico de cientos de miles de millones de pesos por casos fraudulentos, aunque no detalló cifras exactas.