La excandidata presidencial fue aprehendida en el marco de una investigación sobre lavado de activos y aportaciones electorales en 2023.
Luisa González, excandidata presidencial de izquierda en Ecuador, fue detenida por la policía durante la madrugada del jueves 22 de octubre de 2026. La detención está vinculada a una investigación sobre presuntas irregularidades en el financiamiento de su campaña electoral de 2023, en la que González obtuvo el 48% de los votos en la segunda vuelta, perdiendo frente a Daniel Noboa.
La Fiscalía informó que formularía cargos contra tres personas por presunta participación en lavado de activos. La investigación se centra en posibles irregularidades en las aportaciones y gastos de publicidad electoral durante la campaña de 2023. Hasta el momento, la Fiscalía no ha aclarado si la detención de González corresponde a la investigación iniciada en enero de 2026, cuando las autoridades allanaron su vivienda, o a un expediente distinto.
Reacciones políticas y postura de Revolución Ciudadana
El movimiento Revolución Ciudadana, al que pertenece González, calificó la detención como “arbitraria e inconstitucional” y responsabilizó al Gobierno de Noboa por la integridad de la excandidata. Gabriela Rivadeneira, presidenta de Revolución Ciudadana, exigió conocer el paradero de González y pidió su liberación inmediata. Además, la organización denunció una presunta utilización del sistema penal para perseguir a sus integrantes por motivos políticos.
El expresidente Rafael Correa reaccionó en la red social X con la frase: “Apresaron a Luisa González. ¡YA BASTAAA!!!!”. Por su parte, González negó haber recibido dinero de Venezuela.
Antecedentes electorales y sanciones al movimiento
En septiembre de 2026, el Tribunal Contencioso Electoral negó a González continuar con su candidatura a la prefectura de Manabí tras una objeción presentada por los partidos ADN y Creo. González respondió en X a la decisión del tribunal con la frase: “Para sorpresa de nadie en medio de esta dictadura”.
El movimiento Revolución Ciudadana fue inhabilitado durante nueve meses en marzo de 2026 en el contexto de una investigación fiscal por presunto lavado de activos. Las elecciones de alcaldes y prefectos fueron adelantadas a noviembre de 2026, cuando la sanción seguía vigente, impidiendo registrar candidatos de dicha organización.